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CURSO EN EL ICAM IMPARTIDO POR JOSÉ ANTONIO TORTOSA MONDÉJAR Y MARÍA LUISA TORTOSA RAMOS
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El próximo martes, 29 de junio, José Antonio Tortosa Mondéjar y María Luisa Tortosa Ramos imparten un curso en el ICAM sobre disolución, liquidación y extinción de sociedades sin actividad ni activos ante su baja en el Ínfice de Entidades, el cierre de su página registral y retirada por Hacienda del NIF para operar. Análisis de las distintas situaciones de hecho y soluciones para evitar responsabilidades a los administradores.

DECLARACIÓN, CONCLUSIÓN DEL CONCURSO Y BEPI EXPRÉS PARA PERSONAS NATURALES
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El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid, en auto de fecha 18 de enero de 2021, declara y concluye el concurso de una persona natural en el propio auto, concediendo en ese momento el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho y realiza también un interesante estudio sobre la exoneración de los créditos de derecho público y por alimentos tras la entrada en vigor del TRLC.

El Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (en adelante, el “TRLC”) establece en su artículo 470 que el juez podrá acordar en el mismo auto de declaración de concurso la conclusión del procedimiento cuando aprecie de manera evidente que la masa activa presumiblemente será insuficiente para la satisfacción de los posibles gastos del procedimiento y, además, que no es previsible el ejercicio de acciones de reintegración o de responsabilidad de terceros ni la calificación del concurso como culpable. Se trata del llamado concurso exprés, que permite para las personas jurídicas la declaración y conclusión del concurso en el mismo auto, sin designar administración concursal y con extinción de la persona jurídica ex artículo 485 del TRLC.

Sin embargo, en caso de persona natural, el artículo 472 del TRLC dispone que el juez, en el mismo auto que acuerde la conclusión, designará un administrador concursal que deberá liquidar los bienes existentes y pagar los créditos contra la masa siguiendo el orden establecido en el TRLC para el supuesto de insuficiencia de masa. Una vez comunicada al juzgado la finalización de la liquidación, el deudor, dentro de los quince días siguientes, podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho ante el juez del concurso.

Pues bien, se adjunta el novedoso auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid de fecha 18 de enero de 2021, que declara y concluye el concurso de una persona natural en el propio auto, concediendo en ese momento el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho y realiza también un interesante estudio sobre la exoneración de los créditos de derecho público y por alimentos tras la entrada en vigor del TRLC.

AUTO JUZGADO MERCANTIL Nº 1 DE MADRID DECLARACIÓN, CONCLUSIÓN Y BEPI
Primeras resoluciones judiciales que, tras la entrada en vigor del texto refundido de la Ley Concursal, exoneran a las personas físicas de los créditos de derecho público, al apreciar extralimitación "ultra vires" en la refundición de la Ley Concursal. 10 de febrero de 2021. María Luisa Tortosa Ramos.
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Desde Tortosa & Asociados compartimos este artículo que hemos escrito hoy referente a las primeras resoluciones judiciales que, tras la entrada en vigor del texto refundido de la Ley Concursal, están inaplicando los artículos 491.1 y 497.1-1º, al apreciar un exceso ultra vires en la delegación conferida para la refundición de la Ley Concursal, por lo que consideran que dicho exceso permite a los tribunales ordinarios - sin necesidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad - la inaplicación del precepto que se considere que excede en la materia que es objeto de refundición. Por consiguiente, dichas resoluciones siguen permitiendo que los deudores personas físicas se beneficien de la exoneración de los créditos de derecho público ordinarios y subordinados.

Sería deseable que se corrigiera esta situación a la mayor brevedad, siendo la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 una excelente ocasión para hacerlo, si es que no se modifica antes el texto refundido de la Ley Concursal. A nuestro juicio, debería permitirse la exoneración de los créditos de derecho público ordinarios y subordinados, tanto en el régimen general de exoneración (pago inmediato de un porcentaje de pasivo mínimo) como en el especial (exoneración tras acudir a un plan de pagos), para que el mecanismo de la segunda oportunidad cumpla con su objetivo de dar verdaderamente una segunda oportunidad a las personas físicas que lo necesiten, máxime en el contexto actual.

El artículo 491.1 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (en adelante, también el “TRLC”), que entró en vigor el 1 de septiembre de 2020, establece al regular la extensión de la exoneración del pasivo insatisfecho para el deudor persona física que, reuniendo los requisitos, hubiera intentado un previo acuerdo extrajudicial de pagos, que dicha exoneración, una vez satisfechos en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados, se extenderá a la totalidad de los créditos insatisfechos, exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos.

El citado artículo introduce unas excepciones -la no exoneración de los créditos de derecho público y por alimentos- que no se contenían en el artículo 178 bis. 3-4º de la derogada Ley Concursal.

El dictamen del Consejo de Estado justificaba la inclusión de estas excepciones indicando que constituyen “una adecuada armonización, en la medida en que tal acotación se hace en el artículo 178 bis.5-1.º de la Ley Concursal (art. 497.1-1.º TR) en los casos de exoneración por la aprobación de un plan de pagos”.

En efecto, la derogada Ley Concursal en su artículo 178 bis. 5-1º establecía que el deudor que se beneficiaba de la exoneración del pasivo insatisfecho tras acudir a un plan de pagos quedaba exonerado de los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, aunque no hubieran sido comunicados, exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos.

Sin embargo, esta deficiente regulación que suponía una menor exoneración de pasivo para el deudor que más la necesitaba (pues era el que no podía pagar de forma inmediata un porcentaje mínimo de pasivo y tenía que acudir a un plan de pagos) fue objeto de interpretación por la conocida sentencia del pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo 381/2019, de 2 de julio de 2019, que consideró que el crédito público podía ser objeto de exoneración provisional y objeto de satisfacción a través del sistema de plan de pagos mediante la inclusión del crédito público privilegiado y contra la masa no satisfecho, quedando exonerado el crédito público que tuviera la calificación de ordinario y subordinado.

Por consiguiente, bajo la regulación de la derogada Ley Concursal la opción por la exoneración inmediata del artículo 178 bis.3-4º, daba lugar a la exoneración de todos los restantes créditos ordinarios y subordinados, incluidos los créditos de derecho público y por alimentos. Asimismo, el Tribunal Supremo se pronunció sobre la correcta interpretación que había que darle al artículo 178 bis. 5-1º de la derogada Ley Concursal, permitiendo también la exoneración del crédito público ordinario y subordinado a los deudores que accediesen al beneficio de la exoneración a través de un plan de pagos.

Un texto refundido solo puede aclarar, regular y armonizar, pero no incluir modificaciones de fondo, ni introducir nuevos mandatos jurídicos o excluir los mandatos vigentes. Por ello, tras la entrada en vigor del TRLC, existía el riesgo de que los tribunales no aplicasen la excepción de no exonerar los créditos públicos y por alimentos al apreciar extralimitación de la habilitación legal. Y eso es precisamente lo que ha sucedido ya que, tras la entrada en vigor del TRLC el 1 de septiembre de 2020, son varias las resoluciones judiciales que aprecian un exceso ultra vires en la delegación conferida para la refundición, por lo que consideran que dicho exceso permite a los tribunales ordinarios - sin necesidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad - la inaplicación del precepto que se considere que excede en la materia que es objeto de refundición. Así pues, están concediendo la exoneración del crédito público tanto a los deudores que acceden a dicha exoneración a través del pago inmediato de un porcentaje de pasivo, como a través de un plan de pagos (régimen general y especial, respectivamente, en terminología del TRLC).

En este sentido se han pronunciado, por otros:

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, en auto de 22 de septiembre de 2020, que establece:

(…) especial mención a la entrada en vigor del TRLC en relación al art. 491.1 TRLC.

Por otro lado, la entrada en vigor del TRLC ha recogido en el art. 491.1 TRLC una excepción a la exoneración de los créditos públicos y por alimentos, regulación que difiere del contenido de la norma que es objeto de refundición, a saber: el art. 178 bis, 5 LC. Hay que recordar al respecto que este precepto en la Ley Concursal, además, excepcionaba únicamente el supuesto en el que el deudor que había acudido a la vía el 178 bis, 3, 5º LC y sólo en la exoneración provisional, exoneración por lo demás interpretada jurisprudencialmente por el Tribunal Supremo en la sentencia precitada de la Sala 1ª, de fecha 02/07/2019, doctrina que sigue en vigor y que le es de aplicación al art. 491 TRLC que, por otro lado, no puede exceder de la delegación conferida al Gobierno por la norma habilitante y que consta expresamente en el Preámbulo de la norma, exponendo II del que procede resaltar:

"La doctrina del Consejo de Estado ha señalado que regularizar, aclarar y armonizar textos legales supone, en primer lugar, la posibilidad de alterar la sistemática de la ley y, en segundo lugar, la posibilidad de alterar la literalidad de los textos para depurarlos en la medida necesaria para eliminar las dudas interpretativas que pudieran plantear” .

Y es que no existiendo duda interpretativa consecuencia de haberse pronunciado el Tribunal Supremo en recurso de casación sobre dicho precepto, siendo la función de dicho recurso el control de la aplicación correcta del ordenamiento jurídico ( STS 25/06/2010 , STS 14/04/2011 , STS 05/05/2011 , 04/04/2012 ) y el Tribunal Supremo el máximo responsable de la unidad de interpretación de la jurisprudencia en España, debe estarse a la interpretación efectuada por el Alto Tribunal en sentencia de la Sala 1ª, de fecha 02/07/2019 para conocer el alcance del art. 491.1 TRLC y ello en base a que un exceso ultra vires en la delegación conferida para la refundición, permite a los tribunales ordinarios - sin necesidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad - la inaplicación del precepto que se considere que excede en la materia que es objeto de refundición, lo que ocurre en el caso de autos. (…)”.

También el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona, en autos de 8 de septiembre, 23 de noviembre, 30 de noviembre y 14 de diciembre de 2020. Dicho Juzgado dispone:

“(…) 2.4. Crédito público. En materia de extensión de la exoneración al crédito público se ha de estar al criterio mantenido por el TS en la sentencia de 2 de julio de 2019 en la que, básicamente se considera que se debe incluir al crédito público en el sistema de exoneración, tanto general como especial (en la terminología del vigente TR). Ello supone en este caso la inclusión del crédito público privilegiado y contra la masa en el plan de pagos y la exoneración provisional del restante crédito público.

La entrada en vigor del Texto Refundido de la LC, con la modificación del régimen de extensión de los efectos de la exoneración en el art. 491 de la LC , no debe suponer una modificación de la anterior doctrina jurisprudencial, al apreciarse que el citado art. 491 debe ser inaplicado por vulnerar el art. 82.6 de la Constitución Española (EDL 1978/3879) .

Esta vulneración se deriva del hecho de que el Texto Refundido introduce en el art. 491 una regulación manifiestamente contraria a la norma que es objeto de refundición, en concreto el art. 178 bis 3, 4º, lo que supone un exceso ultra vires en la delegación otorgada para proceder a la refundición, pudiendo los tribunales ordinarios, sin necesidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad (por todas STC de 28/7/2016 ), inaplicar el precepto que se considere que excede de la materia que es objeto de refundición.

En efecto, el art. 178 bis 3 , 4º de la LC , regulaba la llamada exoneración directa (ahora llamada régimen general) basada en la satisfacción o pago de los créditos privilegiados y contra la masa y si no se había intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, el 25 de los créditos ordinarios.

Ciertamente, como expone la STS de 2 de julio de 2019, la regulación de la exoneración de deudas del art. 178 bis generaba muchas dudas, algunas de las cuales han sido objeto de aclaración en el Texto Refundido, dentro de las finalidades propias de un texto refundido.

Sin embargo, que el sistema de exoneración directa del art. 178 bis 3, 4º, tuviera como efecto la exoneración de la totalidad del pasivo no satisfecho, créditos ordinarios y subordinados, sin excepción, sin la excepción del crédito público, era una cuestión indubitada por la doctrina e indiscutida en los Juzgados y Tribunales.

La única discusión doctrinal y práctica se centraba en el alcance de la exoneración, en el sistema de exoneración provisional mediante plan de pagos (hoy llamada régimen especial) pues el art. 178 bis 5, apartado primero, aplicable únicamente a este sistema exceptuaba al crédito público y por alimentos del alcance de la exoneración provisional. Mientras que el párrafo primero del art, 178 bis 6 comenzaba diciendo que los créditos no exonerados según el apartado anterior (entre los que se debían incluir los créditos públicos) podían ser exonerados a través del plan de pagos. Si bien a continuación parecía remitir al sistema administrativo de aplazamiento y fraccionamiento para los créditos públicos. Esta deficiente regulación fue objeto de interpretación por la citada STS de 2 de julio de 2019 en el sentido de entender que el crédito público podía ser objeto de exoneración provisional y objeto de satisfacción a través del sistema de plan de pagos mediante la inclusión del crédito público privilegiado y contra la masa no satisfecho en el mismo.

Por ello, se considera que el art. 491 altera por completo una norma clara e indiscutida del sistema llamada a refundir, alterando con ello el difícil equilibrio de derechos que regulaba dicho sistema y por tanto la igualdad de trato de los acreedores, sin que esta alteración pueda ser, de una manera muy clara, considerada una aclaración regularización o sistematización de la norma vigente.

La inaplicación del art. 491 supone que el TR mantenga, en lo que se refiere al régimen especial, la misma dicción literal, aunque con diferente sistemática, que los arts. 178 bis 5 y 6 , que fueron interpretados por la STS de 2 de julio de 2019 , en el sentido que se ha expuesto (…)”.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Girona, en sentencia de 22 de diciembre de 2020 señala:

(…) Exoneración del crédito público.

4.1.- Pese a la modificación legislativa introducida por el Texto refundido de la Ley concursal en su artículo 491.1, que exceptúa de la exoneración los créditos de naturaleza pública, se comparten los argumentos contenidos en los autos del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona de 8 de septiembre de 2020, del Juzgado Mercantil número 11 de Barcelona de 21 de septiembre de 2020 y del Juzgado Mercantil número 13 de Madrid de 6 de octubre de 2020, en el sentido -en el primero de ellos- de que se advierte un exceso ultra vires en la delegación otorgada para proceder a la refundición. (…)”.

A la misma conclusión llegan el Juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona en auto de 23 de septiembre de 2020; el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Barcelona en resoluciones de 21 de septiembre de 2020, 10 y 16 de diciembre de 2020 y 8 y 18 de enero de 2021, el Juzgado de lo Mercantil nº 13 de Madrid en autos de fecha 6 y 8 de octubre de 2020 y el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria-Gasteiz en sentencia de 22 de octubre de 2020.

Sería deseable que se corrigiera esta situación a la mayor brevedad, siendo la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 una excelente ocasión para hacerlo, si es que no se modifica antes el texto refundido de la Ley Concursal. A nuestro juicio, debería permitirse la exoneración de los créditos de derecho público ordinarios y subordinados, tanto en el régimen general de exoneración (pago inmediato de un porcentaje de pasivo mínimo) como en el especial (exoneración tras acudir a un plan de pagos), para que el mecanismo de la segunda oportunidad cumpla con su objetivo de dar verdaderamente una segunda oportunidad a las personas físicas que lo necesiten, máxime en el contexto actual.

DIRECTRICES PARA LA TRAMITACIÓN DEL PRE-PACK CONCURSAL PUBLICADAS POR LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL DE BARCELONA.
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Ante la previsible avalancha de concursos de acreedores que se espera cuando se levante la moratoria concursal, debido a los efectos de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y las medidas para contener su propagación, es necesario que todos los profesionales que nos dedicamos al derecho concursal, jueces, letrados de la administración de justicia, gestores, tramitadores, administradores concursales y letrados instantes de los concursos, demos lo mejor de nosotros mismos para intentar:

- Salvar el mayor número de empresas viables que sea posible.

- En caso de que no se pueda salvar la empresa, salvar el tejido empresarial y los puestos de trabajo mediante la venta de unidades productivas.

- La liquidación ordenada de las empresas que no son viables y su extinción del tráfico, tengan o no activos, para evitar, en la medida de lo posible, responsabilidades a sus administradores.

- El correcto asesoramiento a los deudores personas físicas de buena fe a través de los  procedimientos con los que el legislador español ha afrontado el problema de la insolvencia de la persona física: el acuerdo extrajudicial de pagos y el concurso, en el seno del cual el deudor puede beneficiarse de la exoneración del pasivo insatisfecho.

En este contexto, los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona han abordado el mecanismo, previo a la declaración de concurso, denominado pre-pack o prepackaged concursal, publicando las directrices básicas para su aplicación ya que, por el momento, carece de regulación expresa en el ordenamiento jurídico español. Dicho mecanismo consiste, básicamente, en agilizar la venta de empresas, unidades productivas o de negocio, o venta en globo de activos, regulándolas antes de la declaración en concurso para que puedan implementarse inmediatamente después de su declaración, evitando que los activos pierdan valor.

A continuación, se recogen las directrices publicadas por los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona.

SEGUNDA OPORTUNIDAD. EXONERACIÓN DE DEUDAS.
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La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y las medidas para contener su propagación han afectado de manera profunda a la economía española.

El artículo 6 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia establece que hasta el 14 marzo de 2021, inclusive, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, sin perjuicio de que sí pueda solicitar de manera voluntaria la declaración de concurso antes de dicha fecha, siempre que se dé el presupuesto objetivo de la insolvencia, ya sea actual o inminente.

Así las cosas, cabe esperar que en los próximos meses se produzca una auténtica avalancha de concursos, tanto de empresas como de personas físicas.

En este complicado contexto, es importante conocer el mecanismo de segunda oportunidad y cómo funciona. La conclusión del concurso de una persona jurídica, bien por insuficiencia de masa, bien por conclusión de la liquidación, conlleva, según preceptúa el artículo 485 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (en adelante, también el “TRLC”), la extinción de la persona jurídica concursada y la cancelación de su inscripción en los registros públicos que corresponda. Sin embargo, para las personas físicas que, en buena lógica y por fortuna, no mueren tras la conclusión del concurso, rige el principio de la responsabilidad patrimonial universal, consagrado en el artículo 1.911 del Código Civil, por virtud del cual del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros. Por tanto, el mecanismo de segunda oportunidad persigue como objetivo, como establecía el preámbulo del Real Decreto-ley 1/2015, permitir que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer.

Si es usted persona física y se encuentra en situación de insolvencia, es conveniente que se asesore por un profesional que analice su situación y le informe de los presupuestos, requisitos, extensión y alcance de la exoneración de deudas y de los pasos para obtenerla en las condiciones más beneficiosas. No dude en consultarnos, estaremos encantados de atenderle.

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y las medidas para contener su propagación han afectado de manera profunda a la economía española. España será la economía más castigada por la crisis del coronavirus de entre los 37 países miembros de la OCDE y las previsiones apuntan a que la recuperación será gradual e incompleta. Según datos de la Seguridad Social, a finales de 2020 aún permanecían en ERTE casi 750.000 trabajadores y se había producido la destrucción, en el régimen general, de 359.931 puestos de trabajo. Además, se han destruido decenas de miles de empresas. Por consiguiente, muchos ciudadanos se verán abocados a la insolvencia y un gran número de empresarios autónomos se verán obligados a cesar en su actividad.

El artículo 6 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia establece que hasta el 14 marzo de 2021, inclusive, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, sin perjuicio de que sí pueda solicitar de manera voluntaria la declaración de concurso antes de dicha fecha, siempre que se dé el presupuesto objetivo de la insolvencia, ya sea actual o inminente.

Así las cosas, cabe esperar que en los próximos meses se produzca una auténtica avalancha de concursos, tanto de empresas como de personas físicas.

En este complicado contexto, es importante conocer el mecanismo de segunda oportunidad y cómo funciona. La conclusión del concurso de una persona jurídica, bien por insuficiencia de masa, bien por conclusión de la liquidación, conlleva, según preceptúa el artículo 485 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (en adelante, también el “TRLC”), la extinción de la persona jurídica concursada y la cancelación de su inscripción en los registros públicos que corresponda. Sin embargo, para las personas físicas que, en buena lógica y por fortuna, no mueren tras la conclusión del concurso, rige el principio de la responsabilidad patrimonial universal, consagrado en el artículo 1.911 del Código Civil, por virtud del cual del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros. Por tanto, el mecanismo de segunda oportunidad persigue como objetivo, como establecía el preámbulo del Real Decreto-ley 1/2015, permitir que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer.

Es en el seno del concurso de acreedores donde el deudor persona natural de buena fe, según se define en el TRLC, podrá solicitar el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, al que solo se podrá acceder una vez concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa, y siempre que se cumplan los requisitos legales establecidos.

Para hacerlo existen dos alternativas: o el pago inmediato de un porcentaje de pasivo mínimo o, si no tiene liquidez, el pago cumpliendo un plan de pagos que durará como máximo cinco años. Transcurrido dicho plazo, el deudor solicitará la exoneración definitiva.

Para la obtención del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho será preciso que en el concurso de acreedores se hubieran satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados y, si reuniera los requisitos para poder hacerlo, que el deudor hubiera celebrado o, al menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores. Si el deudor que reuniera los requisitos para poder hacerlo no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, podrá obtener ese beneficio si en el concurso de acreedores se hubieran satisfecho, además de los créditos contra la masa y los créditos privilegiados, al menos, el veinticinco por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios.

La solicitud de exoneración se presentará ante el juez del concurso, debiendo el deudor justificar la concurrencia de los presupuestos y requisitos establecidos en el TRLC.

Si se hubieran satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados y el deudor, que reuniera los requisitos para poder hacerlo, hubiera intentado un previo acuerdo extrajudicial de pagos, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá a la totalidad de los créditos insatisfechos, exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos. Cuestión esta última muy controvertida, por cuanto el TRLC, al regular la extensión de la exoneración en el caso en que se opte por la vía de la exoneración inmediata, ha introducido unas excepciones que no se contenían en la derogada Ley Concursal, en la que la opción por la exoneración inmediata, cumplidos los requisitos, daba lugar a la exoneración de todos los restantes créditos ordinarios y subordinados, incluidos los créditos de derecho público y por alimentos. La introducción de estas excepciones en un texto refundido, que solo puede aclarar, regular y armonizar, pero no incluir modificaciones de fondo, ni introducir nuevos mandatos jurídicos o excluir los mandatos vigentes, conlleva el riesgo de que los tribunales no apliquen el precepto al apreciar extralimitación de la habilitación legal, y ello sin necesidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional. Sería deseable que el legislador corrigiera esta situación en la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 sobre Reestructuración e Insolvencia, apostando por permitir la exoneración de los créditos de derecho público para que el mecanismo de la segunda oportunidad cumpla con su objetivo de dar verdaderamente una segunda oportunidad a las personas físicas que lo necesiten, máxime en el contexto actual.

Si el deudor que reuniera los requisitos para poder hacerlo no hubiera intentado un previo acuerdo extrajudicial de pagos, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá al setenta y cinco por ciento de los créditos ordinarios y a la totalidad de los subordinados.

Sin perjuicio de lo anterior, como se ha señalado, existe un régimen especial de exoneración por la aprobación de un plan de pagos para los deudores que no tengan liquidez para satisfacer el porcentaje de pasivo mínimo antes indicado. En esos casos, el deudor de buena fe podrá solicitar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, con sujeción a un plan de pagos de la deuda que no quedaría exonerada, si cumpliera los siguientes requisitos:

1.º No haber rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.

2.º No haber incumplido los deberes de colaboración y de información respecto del juez del concurso y de la administración concursal.

3.º No haber obtenido el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho dentro de los diez últimos años.

En la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho, el deudor deberá aceptar de forma expresa someterse al plan de pagos que resulte aprobado por el juez y que la concesión de este beneficio se haga constar en el Registro público concursal durante un plazo de cinco años.

A la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho acompañará el deudor una propuesta de plan de pagos de los créditos contra la masa, de los créditos concursales privilegiados, de los créditos por alimentos y de la parte de los créditos ordinarios que incluya el plan. Respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regirá por su normativa específica.

En la propuesta de plan de pagos deberá incluir expresamente el deudor el calendario de pagos de los créditos que, según esa propuesta, no queden exonerados. El pago de estos créditos deberá realizarse dentro de los cinco años siguientes a la conclusión del concurso, salvo que tengan un vencimiento posterior.

Los créditos incluidos en la propuesta de plan de pagos no podrán devengar interés.

El juez del concurso, en la misma resolución en la que declare la conclusión del concurso, previa verificación de la concurrencia de los presupuestos y de los requisitos establecidos en el TRLC, concederá provisionalmente el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho y aprobará el plan de pagos en los términos de la propuesta o con las modificaciones que estime oportunas.

El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho concedido a los deudores que hubiesen aceptado someterse al plan de pagos se extenderá a la parte que, conforme a este, vaya a quedar insatisfecha, de los siguientes créditos:

- Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, aunque no hubieran sido comunicados, exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos.

- Respecto a los créditos con privilegio especial, el importe de estos que no haya podido satisfacerse con la ejecución de la garantía, salvo en la parte que pudiera gozar de privilegio general.

Las solicitudes de aplazamiento o de fraccionamiento del pago de los créditos de derecho público se regirán por lo dispuesto en su normativa específica.

Transcurrido el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos sin que se haya revocado el beneficio, el juez del concurso, a petición del deudor, dictará auto concediendo la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho en el concurso.

Aunque el deudor no hubiese cumplido en su integridad el plan de pagos, el juez, previa audiencia de los acreedores, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá conceder la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiese cumplido en su integridad el plan de pagos pero hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante el plazo de cinco años desde la concesión provisional del beneficio que no tuviesen la consideración de inembargables o la cuarta parte de dichos ingresos para deudores de especial vulnerabilidad.

En cuanto a los efectos de la exoneración, los acreedores cuyos créditos se extingan por razón de la exoneración no podrán iniciar ningún tipo de acción frente al deudor para el cobro de dichos créditos.

Si es usted persona natural y se encuentra en situación de insolvencia, es conveniente que se asesore por un profesional que analice su situación y le informe de los presupuestos, requisitos, extensión y alcance de la exoneración de deudas y de los pasos para obtenerla en las condiciones más beneficiosas. No dude en consultarnos, estaremos encantados de atenderle.

El 15 de marzo de 2017, de 16:30 a 20:30, José Antonio y María Luisa Tortosa impartieron una ponencia en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid relativa a la disolución, liquidación y extinción del tráfico jurídico de sociedades sin activo pero con pasivos insatisfechos.
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La entrada en vigor del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital: derecho de separación del socio por la no distribución de dividendos.
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El 1 de enero de 2017 entró en vigor el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital que regula el derecho de separación del socio de sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas no cotizadas que hubiera votado a favor de la distribución de los beneficios sociales, a partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles.

Dicho precepto se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 25/2011, de 1 de agosto y, apenas promulgado, fue suspendida su entrada en vigor, primero, hasta el 31 de diciembre de 2014; y después hasta el 31 de diciembre de 2016, sin que se sepa si su entrada en vigor a principios de 2017 ha obedecido a una verdadera voluntad del legislador o es consecuencia del contexto parlamentario del año pasado.

El precepto plantea numerosos interrogantes relativos tanto a los requisitos para su aplicación, como a las posibles alternativas para limitarla o condicionar (acuerdos de socios, que pueden incorporar cláusulas penales; renuncia individual; pactos estatutarios...).

Se trata de una cuestión de gran trascendencia práctica, especialmente, en aquellas sociedades en las que los intereses y expectativas de los socios no estén alineados.

Conductas que motivan la calificación culpable del concurso.
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En fecha 27 de enero de 2016 nuestro Alto Tribunal ha dictado sentencia (núm. 5/2016), en virtud de la cual confirma que la conducta tipificada en la Ley Concursal como alzamiento de bienes no tiene que haberse llevado a cabo necesariamente antes de la declaración en concurso, sino que puede haber tenido lugar con posterioridad a la declaración, agravando la insolvencia del deudor.

Cálculo del privilegio general que ostenta el acreedor instante de un concurso.
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En fecha 21 de diciembre de 2015 el Tribunal Supremo ha sentenciado el tratamiento que ha de darse a los créditos que ostentan los acreedores que, conjuntamente, solicitan la declaración en concurso de un deudor común, afirmando que:

a) Para el cálculo del privilegio han de deducirse tanto los créditos subordinados como los que gocen de privilegio especial u otro privilegio general.

b) El cálculo del 50% habrá de hacerse siguiendo el criterio de “distribución interna proporcional”, prorrateado en función del número de solicitantes de concurso y sin que el privilegio general afecte al 50% de cada uno de los créditos, sino exclusivamente a la parte prorrateada.

Nuevos pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre el tratamiento concursal de las permutas financieras.
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La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Pleno) ha dictado, en fechas 17 y 18 de noviembre de 2015, dos nuevas sentencias en materia de permutas financieras o swaps. En ellas se examina el tratamiento de los contratos de permuta financiera no vinculados a otra operación, y se reiteran pronunciamientos anteriores sobre la inexistencia de obligaciones recíprocas, la clasificación concursal del crédito y la inaplicación del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo declara nulos los apremios administrativos.
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En sentencia de 4 de noviembre de 2015, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo reitera las conclusiones alcanzadas en sentencia de 2 de marzo de 2015, en el sentido de declarar improcedente y nula la providencia de apremio dictada por la AEAT sobre deuda contra la masa. La sentencia se pronuncia, además, sobre el sentido en que ha de interpretarse la reforma operada sobre las ejecuciones separadas tras la entrada en vigor de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, a su vez en línea con los pronunciamientos de la Sala de lo Civil.

VENTA DE LA UNIDAD PRODUCTIVA DE V. OVILO, S.L., EN LIQUIDACIÓN
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LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE V. OVILO, S.L. (VINOS TAGONIUS Y ALMAZARA), ANUNCIA que, en fecha 24 de noviembre de 2015, se ha notificado a la administración concursal el auto de aprobación del plan de liquidación dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid, que conoce del concurso. Durante el plazo de un mes, esto es, hasta el 24 de diciembre de 2015, cualquier interesado en la adquisición de la unidad productiva de V. Ovilo, S.L., podrá presentar oferta en los términos previstos en el plan de liquidación.

De conformidad con lo previsto en el apartado 1.1.1.1. del plan de liquidación, se hace pública la siguiente documentación relativa al concurso, la concursada, los activos en venta y la metodología de enajenación de la unidad productiva:

 

  • Plazos y requisitos para la presentación de ofertas (Archivo: Plan de liquidación, apartado 1.1.1.3).
  • Condiciones de la adjudicación provisional y definitiva (Archivo: Plan de liquidación, apartados 1.1.1.6, 1.1.1.7 y 1.1.1.8).
Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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En fecha 6 de octubre de 2015 se ha publicado en el BOE la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Su entrada en vigor ha tenido lugar el día 7 de octubre.

La Ley 42/2015 introduce importantes novedades en la ley procesal civil, con el objetivo primordial de implantar definitivamente las nuevas tecnologías en el funcionamiento de la Administración de Justicia y de los procedimientos judiciales e introduciendo, además, reformas en la regulación del juicio verbal, del proceso monitorio y de las subastas judiciales en el seno de procedimientos de apremio, así como una importante reducción en el plazo de prescripción de acciones previsto en el artículo 1.964 del Código Civil.

Modificación del régimen jurídico aplicable a la prenda de créditos futuros en sede concursal.
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En fecha 2 de octubre de 2015 se ha publicado en el BOE la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuya disposición adicional quinta modifica determinados extremos de la Ley Concursal.

La Ley 40/2015 modifica la redacción del artículo 90.1 de la Ley Concursal, relativo a los créditos que ostentan privilegio especial. Concretamente, se modifica el apartado 6º de dicho artículo, que pasa a tener la siguiente redacción:

“6º Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados.

Los créditos garantizados con prenda constituida sobre créditos futuros sólo gozarán de privilegio especial cuando concurran los siguientes requisitos antes de la declaración de concurso:

a) Que los créditos futuros nazcan de contratos perfeccionados o relaciones jurídicas constituidas con anterioridad a dicha declaración.

b) Que la prenda esté constituida en documento público o, en el caso de prenda sin desplazamiento de la posesión, se haya inscrito en el registro público competente.

c) Que, en el caso de créditos derivados de la resolución de contratos de concesión de obras o de gestión de servicios públicos, cumplan, además, con lo exigido en el artículo 261.3 del texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre”.

 

Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.
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En fecha 29 de julio de 2015 se ha publicado en el BOE la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, resultado de la tramitación, como Proyecto de Ley, del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, con denominación idéntica. Su entrada en vigor ha tenido lugar el día 30 de julio.

Ley 25/2015 consolida la reforma de la Ley Concursal operada por el Real Decreto-ley 1/2015 para mejorar las condiciones de la segunda oportunidad, introducidas originariamente por Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, con el objetivo de instaurar un mecanismo efectivo de segunda oportunidad para las personas físicas destinado a modular el rigor de la aplicación del artículo 1.911 del Código Civil.

Las principales modificaciones se introducen mediante la reforma de los artículos 176 bis y 178, así como con la adición de un nuevo artículo 178 bis, que pasa a regular el mecanismo o requisitos necesarios para que los deudores puedan acogerse al beneficio de excusión de determinados pasivos que resulten insatisfechos en el seno del procedimiento concursal. Por otro lado, se reforma extensamente el Título X de la Ley Concursal, relativo al acuerdo extrajudicial de pagos y de lo que se ha venido a denominar “concurso consecutivo”, consecuencia de la frustración del acuerdo extrajudicial de pagos.

La Ley aprovecha, además, para introducir una reforma – no anticipada por el Real Decreto-ley 1/2015 – en el régimen de retribución de la administración concursal, que había sido objeto de reforma previa por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, de medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, sin que hubiera llegado a entrar en vigor. Se introduce un límite máximo a la retribución a percibir por la administración concursal y se concreta la forma en que habrán de hacerse las aportaciones a la cuenta de garantía arancelaria, si bien ambos extremos se encuentran a expensas de mayor concreción a través del correspondiente desarrollo reglamentario.

El Tribunal Supremo consolida su interpretación del artículo 176 bis 2 de la Ley Concursal.
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Mediante tres sentencias dictadas los días 10 y 11 del pasado mes de junio de 2015, el Tribunal Supremo confirma su línea interpretativa acerca del orden de pago a seguir en los concursos sin masa, afirmando que el artículo 176 bis 2 de la Ley Concursal habrá de aplicarse a todo concurso en tramitación (con independencia de su fecha de declaración) y a todos los créditos contra la masa (con independencia de su fecha de vencimiento) desde que se produzca la comunicación al Juzgado por parte de la administración concursal.

Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal.
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En fecha 26 de mayo de 2015 se ha publicado en el BOE la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, resultado de la tramitación, como Proyecto de Ley, del Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal. Su entrada en vigor ha tenido lugar el día 27 de mayo.

La Ley 9/2015, consolida las reformas operadas en la Ley Concursal a través del Real Decreto-ley 11/2014, esencialmente en materia de convenio y liquidación, con el objetivo de garantizar la continuidad de las empresas operativa y económicamente viables, bien facilitando las soluciones convenidas con los acreedores, bien flexibilizando y priorizando la venta de las unidades productivas que forman parte de la empresa concursada.

La Ley pretende asimismo dar respuesta a los aspectos más controvertidos surgidos tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2014, fundamentalmente como consecuencia del nuevo régimen de valoración de las garantías, las reglas de asunción de pasivos laborales y de la seguridad social cuando, como consecuencia de la transmisión de unidades productivas, se produce la sucesión de empresa, o el carácter imperativo de determinados preceptos relativos a la liquidación.

Al margen de la convalidación o modificación de las reformas introducidas por el Real Decreto-ley 11/2014, por la Ley 9/2015 se introducen reformas a la Ley Concursal con el objetivo de dotar al procedimiento de una mayor publicidad, y se retocan determinados preceptos relevantes en materia “preconcursal”, cuya principal reforma vino de la mano del Real Decreto-ley 4/2014, de nuevo con el objetivo de armonizar el contenido de las diferentes reformas y tratar de reparar dificultades surgidas a la hora de su aplicación.

SENTENCIA 711/2014
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La sentencia número 711/2014 del Tribunal Supremo, Sala Primera, Sección Primera, de 12 de diciembre de 2014, analiza la capacidad de autotutela de la administración, en el caso que nos ocupa, de la Tesorería General de la Seguridad Social, para llevar a cabo ejecuciones administrativas separadas e independientes del concurso, sin necesidad de la intervención del juez del concurso.

Establece el Tribunal Supremo que la prohibición de ejecución prevista en el artículo 55 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (“Ley Concursal”) opera tanto sobre créditos concursales como sobre créditos contra la masa y cesa con la aprobación del convenio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133.2 de la Ley Concursal. Una vez abierta la fase de liquidación no tiene sentido, a juicio del alto Tribunal, iniciar una ejecución separada contra la masa, pues ello contradice el carácter universal que supone la liquidación concursal, cuyas únicas excepciones vienen determinadas por las ejecuciones de garantías reales que, si no se iniciaron antes de la apertura de la fase de liquidación, ya no podrán hacerse al margen de la liquidación concursal. Los acreedores de créditos contra la masa deberán instar su pago dentro de la liquidación, de acuerdo con las reglas del artículo 154 de la Ley Concursal y sin necesidad de instar otra ejecución dentro de la ejecución universal, ni acudir al apremio administrativo, en el caso de la Tesorería General de la Seguridad Social.

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+ 0034 915 752 508